Cronología de los acontecimientos
Cronología de los hechos
13 de noviembre de 1960
a comienzos del conflicto armado interno de Guatemala, un levantamiento fallido llevado a cabo por oficiales militares del ala izquierdista precede las campañas contrainsurgentes del gobierno militar.
23 de marzo de 1982
el General José Efraín Ríos Montt gana tras un golpe militar, derrocando al General Fernando Lucas García antes de la transición presidencial y estableciendo en un comienzo una junta militar de tres miembros antes de asumir el control total como Jefe de Estado de facto.
10 de abril de 1982
Ríos Montt lanza el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo (PNSD), vinculando el desarrollo socioeconómico y el exterminio de elementos subversivos.
7 de diciembre de 1982
las Fuerzas Armadas Especiales, o los Kaibiles, cometieron una masacre en Dos Erres en Petén, violando mujeres y niñas, y matando hombres, mujeres y niños. Antes de matar a otros aldeanos, durante un período de tres días que duró la Operación Brushcutter, regresaron a su base de operaciones dejando un saldo de más de 200 personas muertas.
1982-83:
la armada lanzó una serie de operaciones militares, cuyos nombres en código eran Operación Victoria 82, Operación Sofía, Operación Ixil y Operación Firmeza 83. El Comité de la verdad de las Naciones Unidas determinó que durante la implementación de Victoria 82: “la represión en algunas áreas fue indiscriminada, mientras en otras fue selectiva, según la información brindada por la inteligencia militar”. El anexo H del plan militar Operación Victoria 82 describe “la misión”: “aniquilar las guerrillas y organizaciones paralelas”. El plan operacional de 359 páginas de la Operación Sofía dice que el objetivo es “exterminar elementos subversivos del área” de Ixil, en el noroeste de Quiché.
8 de agosto de 1983
Ríos Montt fue expulsado del poder en un golpe militar y reemplazado por su Ministro de Defensa, el General Óscar Humberto Mejía Víctores.
10 de enero de 1986
Mejía Víctores emite el Decreto 8-86, una amnistía general para todos los responsables o acusados de delitos políticos y comunes relacionados cometidos desde el 23 de marzo de 1982 hasta el 14 de enero de 1986.
Marzo de 1990
los miembros de la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), representando fuerzas opuestas izquierdistas, iniciaron conversaciones de paz.
Diciembre de 1996
se firmó un acuerdo final de paz. El Congreso promulgó la Ley Nacional de Reconciliación (Decreto 145-96), que incluye una amnistía parcial y excluye explícitamente de la amnistía el genocidio, la tortura, la desaparición forzada y otros delitos internacionales.
Diciembre 1997
el Decreto 133-97 derogó todas las leyes de amnistía anteriores a 1996.
24 de abril de 1998
el Obispo José Gerardi, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Archidiócesis de Guatemala, publicó Guatemala: Nunca Más. Es el primer informe del Comité de la verdad, generado como parte del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, también conocido como informe REMHI. El Obispo Gerardi fue apaleado hasta la muerte en la puerta de su casa dos días después de la publicación del informe.
Febrero de 1999
el Comité de la verdad patrocinado por las Naciones Unidas, establecido por un acuerdo de 1994 y conocido oficialmente como la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), publicó su informe final, Guatemala: Memoria del Silencio (Tz’inil Na’tab’al). El informe estableció que el 93 por ciento de los delitos informados fueron cometidos por las fuerzas de seguridad del estado o paramilitares. Se concluyó en que el Estado cometió “actos de genocidio” contra la población indígena maya durante el régimen de Ríos Montt, y describió una estrategia de “tierra arrasada” que “provocó el desplazamiento masivo de la población civil” y masacres generalizadas de las poblaciones indígenas y rurales.
Diciembre de 1999
un grupo de guatemaltecos se unió con una organización de sociedad civil española para presentar cargos contra ocho oficiales de alto rango, inclusive Ríos Montt, por genocidio y otros delitos internacionales en España conforme a una ley española de 1985 que permite la jurisdicción universal. El Tribunal Nacional de España ordenó detenciones en relación con el caso en 2006 y recibió el testimonio de las víctimas y expertos en 2008 – 2009.
2001
las organizaciones de sociedad civil guatemaltecas Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y Asociación Justicia y Reconciliación (AJR) presentaron denuncias por delitos contra generales responsables de algunos de los abusos cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala que duró 36 años, inclusive contra Ríos Montt, el 6 de junio de 2001. Edgar Pérez, abogado y fundador de la Asociación de Derechos Humanos, también se unió a la denuncia.
2005
Guatemala estableció el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR).
2006
la AJR, junto con el CALDH y Edgar Pérez, pidió a la Fiscalía que mande acceso a los planes military operacionales que tienen información sobre los delitos ocurridos durante el conflicto armado – los planes Victoria 82, Firmeza 83, Ixil, y Sofía. El juez en supervisión del juicio en 2007 ordenó que se permita acceso a los planes. Luego do una apelación, la Corte Constitucional afirmó la decisión. El Ministro de la Defensa eligió producir copias parciales, redactando otras partes o alegando que no existían. Después de que el Ministro de Defensa ha alegado que el Plan Sofía había desaparecido, el plan fue filtrado al Archivo Nacional de Seguridad, con sede en los E.E.U.U.
Septiembre de 2007
las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala establecieron la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG), y ordenaron realizar investigaciones y presentar denuncias para enjuiciamiento, así como apoyar reformas.
Agosto de 2009
en el primero de una serie de juicios que involucran a soldados, policías y paramilitares procesados por delitos internacionales, Felipe Cusanero, un ex líder paramilitar, es condenado a una sentencia de 150 años por la desaparición forzada de 6 indígenas entre 1982 y 1984. Otros son condenados por la desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad relacionados con las masacres de Dos Erres y Plan de Sánchez. Hasta el enjuiciamiento de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, el oficial de seguridad estatal de más alto rango condenado por delitos internacionales fue Pedro García Arredondo, un ex Jefe de Policía, condenado el 22 de agosto de 2012 en relación con la desaparición de Edgar Sáenz, un estudiante.
Enero de 2011
la jueza Carol Patricia Flores ordenó la prisión para Rodríguez Sánchez hasta ser procesado por genocidio y crímenes de lesa humanidad. En octubre de 2011, Mejía Víctores se entregó, pero en enero de 2012, la jueza Flores suspendió su imputación debido a su estado de salud.
Diciembre de 2011
Ríos Montt compareció ante la Fiscalía de Derechos Humanos “para solicitar información acerca de una posible investigación criminal en su contra” dada su inminente pérdida de la inmunidad parlamentaria, y ofreció comparecer de manera voluntaria a la audiencia preliminar.
26 de enero de 2012
la jueza Flores acusó formalmente a Ríos Montt de genocidio y crímenes de lesa humanidad, sumando este caso a los de los otros tres generales retirados. Ríos Montt se encuentra bajo arresto domiciliario a la espera de su juicio. El 21 de mayo de 2012, la jueza Flores aceptó un segundo conjunto de cargos en contra de Ríos Montt por genocidio y crímenes de lesa humanidad, en relación con la masacre de Dos Erres.
17 de marzo de 2013
la Fiscalía se presentó una formulación de cargos contra Ríos Montt y Rodriguez Sánchez para la masacre de 1,771 mayos ixiles, el traslado forcoso de 29,000 personas, y para violaciones sexuales y tortura.
21 de mayo de 2012
la jueza Flores aceptó cargos adicionales contra Ríos Montt de genocidio y crímenes de lesa humanidad. La Fiscalía se había presentado cargos de asesinato y de crímenes de lesa humanidad, pero la jueza sustituyó el genocidio en lugar de un cargo de asesinato, y ordenó que el juicio empezara.
28 de enero de 2013
el juez Miguel Ángel Gálvez explicó que existen evidencias suficientes en contra de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez que permiten iniciar el juicio. Al poco tiempo, los tres jueces del panel de alto riesgo establecieron la fecha para el inicio del juicio.
4 de febrero de 2013
el juez Gálvez se pronunció sobre la admisibilidad de las pruebas de los participantes (conforme al artículo 344 del Código Procesal Penal de Guatemala). Juez Gálvez aceptó todos los testigos, expertos, y documentos presentados por la fiscalía, pero rechazó muchos de los expertos y gran parte de la prueba documental propuesta por la defensa. El juez Gálvez rechazó los testigos de la defensa por motivos de procedimiento, porque la defensa no había cumplido los requisitos de procedimiento para proporcionar los informes de análisis e informes expertos, y solo propuso los documentos a través de un mandato judicial, en lugar de enviarlos directamente. El juez denegó la impugnación de la defensa contra la admisibilidad de los planes relacionados con la Operación Sofía. Afirmó que el Estado no puede justificar la retención de información de un enjuiciamiento por motivos de “secretos de Estado (El Código Procesal Penal de Guatemala permite la admisión de nuevas pruebas durante el juicio, de conformidad con el artículo 381, si es indispensable y útil sin duda para aclarar la verdad, con la posibilidad de suspender las actuaciones para facilitar esto por un máximo de cinco días. )
11 de marzo de 2013
la Corte Constitucional denegó el amparo puesto por Ríos Montt y Rodriguez Sánchez que afirmó que la amnistía histórica de 1983 debería haber impedido el enjuiciamiento.
19 de marzo de 2013
El juicio de Ríos Montt y Rodriguez Sánchez empezó ante un panel de tres jueces. <0}