Antecedentes del juicio
Introducción
José Efraín Ríos Montt, quien gobernó Guatemala durante casi 17 meses durante 1982 y 1983, y José Mauricio Rodríguez Sánchez, quien luego fue su Jefe de Inteligencia Militar, están siendo juzgados en la ciudad de Guatemala con cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Se les imputan esos cargos por masacres sistemáticas de la población indígena del país llevadas a cabo por las tropas guatemaltecas y fuerzas paramilitares durante esta fase de la brutal y larga guerra civil que vivió el país.
Esta es la primera vez que un ex Jefe de Estado ha sido procesado por genocidio en un tribunal nacional, en lugar de en un tribunal internacional. El juicio es un importante avance para responsabilizar a los líderes políticos y militares de delitos internacionales. Los guatemaltecos desean que se cree un relato histórico preciso acerca de las terribles violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil, en un proceso que reforzará la joven democracia del país.
El Comité de la verdad patrocinado por las Naciones Unidas se estableció conforme a un acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil en 1996. Este Comité estimó un total de 200.000 personas muertas o forzadas a desaparecer durante el conflicto que duró 36 años. También descubrió que el personal de seguridad del gobierno y los paramilitares fueron los responsables del 93 por ciento de las violaciones, además de que el estado cometió actos de genocidio contra grupos étnicos de mayas, y fue el responsable de más de 600 masacres, homicidios, desapariciones forzadas y otros delitos. Las víctimas fueron en su mayoría comunidades indígenas y rurales. Los tres años comprendidos entre 1981 y 1983 abarcan el 81 por ciento de las violaciones que ocurrieron durante los 36 años de conflicto según informó el Comité de la verdad (casi la mitad (48 %) de las violaciones registradas ocurrieron durante 1982).
Hasta hace poco tiempo, nadie había sido responsabilizado por estos delitos. Las investigaciones y el enjuiciamiento nunca comenzaron o permanecieron paralizados continuamente. En los últimos años, sin embargo, se tomaron una importante cantidad de pasos hacia las acusaciones por delitos graves, en particular bajo la dirección de Claudia Paz y Paz, Fiscal General de Guatemala. Se llevaron a cabo importantes reformas durante su mandato, inclusive la creación de tribunales especializados y la designación de jueces concentrados en casos de “alto riesgo”. Sin embargo, hasta ahora las acusaciones habían sido limitadas y prácticamente alcanzaban solo a soldados y paramilitares de bajo rango, más que a sus comandantes. Este juicio marca un importante punto de inflexión.
Historial del caso
El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) una organización no gubernamental (ONG), y la Asociación de Justicia y Reconciliación (AJR) representada por el letrado especialista en derechos humanos Edgar Pérez, perteneciente al Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala, iniciaron en el año 2000 una demanda al Ministerio Público solicitando la investigación y el enjuiciamiento de los comandantes responsables de las violaciones cometidas en 1982 y 1983, los años más brutales de la guerra civil de Guatemala. Varios grupos presentaron un caso similar en el Tribunal Nacional de España a fines de 1999, acusando a ocho oficiales de alto rango por delitos internacionales: tortura, genocidio, detención ilegal y terrorismo sustentado por el estado. (Una ley española de 1985 permite el enjuiciamiento por ciertos delitos, inclusive genocidio).
El procesamiento interno acusa a Ríos Montt y a Rodríguez Sánchez por genocidio y crímenes de lesa humanidad. El ex Jefe de Estado, Ríos Montt, fue incluido como acusado el 26 de enero de 2012, después de perder su inmunidad como miembro del Congreso en 2012.
El primer genocidio por el que se presentan cargos contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez está relacionado con las masacres contra la población Ixil, que habitó la región de Quiché, durante su mandato como Jefe de Estado desde marzo de 1982 hasta agosto de 1983.
En su segundo cargo por genocidio, introducido en mayo de 2012, se acusa a Ríos Montt por la muerte de 201 personas en Dos Erres (Petén) en diciembre de 1982. El Juez Flores explicó que la acusación cuenta con suficiente evidencia de que Ríos Montt “sabía, controlaba, coordinaba y supervisaba los planes del ejército”.
Ríos Montt continúa afirmando su inocencia. Algunos de los argumentos de la defensa son que Ríos Montt no tenía responsabilidad de mando sobre los oficiales directamente responsables de las violaciones, o que no ordenó de manera directa ni participó en los presuntos actos. Él también afirma que una ley de amnistía de 1986, promulgada por el Presidente Mejía Víctores, prohíbe el enjuiciamiento. Está pendiente un amparo con respecto a la ley de amnistía en el Tribunal Constitucional.
Se han presentado cargos relacionados contra el ex General Óscar Humberto Mejía Víctores, ex Ministro de Defensa subordinado de Ríos Montt, quien asumió la Jefatura de Estado tras un golpe de estado, y Héctor Mario López Fuentes, Jefe del Ejército del personal subordinado de Ríos Montt. Tanto Mejía Víctores como López Fuentes fueron capturados en 2011, sin embargo los cargos en su contra se han suspendido a causa de su estado de salud.
Tribunal y documentación legal
Expertos en el derecho internacional, informe de amigos del tribunal sobre amnistía
Abogados sin fronteras – Canadá (ASFC), informe de amigos del tribunal sobre amnistía
Fundación Madrid Paz, informe de amigos del tribunal sobre amnistía
Casos relacionados
Otras acusaciones internas por delitos internacionales
El Ministerio Público tuvo éxito al presentar cargos relacionados con el conflicto armado interno, aunque la mayoría fueron en contra de oficiales de bajo rango. La Fiscalía General de Guatemala logró cuatro condenas por desapariciones forzadas. Además, 28 soldados (de bajo rango) fueron condenados por su participación en asesinatos o masacres durante la guerra civil. Dieciocho de los 28 fueron condenados por delitos de lesa humanidad además de recibir varios cargos por asesinatos. El 22 de agosto de 2012, la Fiscalía logró la condena de más alto rango cuando el tribunal condenó al ex Jefe de Policía Pedro García Arredondo por desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad (tortura). Otros casos relacionados están en curso o pendientes.
El caso español
Una ley española de 1985 permite el enjuiciamiento por ciertos delitos (inclusive genocidio, terrorismo y piratería) y “cualquier otro [acto criminal] que de acuerdo con los convenios y tratados internacionales, deba enjuiciarse en España”. El Centro de Justicia y Responsabilidad con base en Estados Unidos ha sido el abogado principal desde 2006.
En 2006, un juez del Tribunal Nacional de España ordenó la detención y congeló los activos. En un principio, el Tribunal Constitucional de Guatemala aceptó las órdenes de detención y el arresto de dos acusados (Guevara Rodríguez y García Arredondo). Sin embargo, en diciembre de 2007, el Tribunal Constitucional declaró nulas las órdenes, se rehusó a ordenar la extradición y, en cambio, ordenó la liberación de los dos acusados detenidos.
En 2008 y 2009, el Tribunal Nacional de España recibió el testimonio de las víctimas y expertos. En abril de 2011, el Tribunal Nacional de España ordenó el arresto y solicitó la extradición de Jorge Sosa Orantes, debido a su actuación en la masacre de Dos Erres. Las autoridades canadienses lo arrestaron conforme una orden emitida por los Estados Unidos en conexión con los cargos relacionados con inmigración.