Este artículo se realizó con la colaboración de Ashley Miller, ayudante de investigación, y Ted Piccone, colaborador principal de Estudios de Política Exterior (Foreign Policy Studies) de Brookings Institution.
La reciente conclusión del juicio por genocidio contra el ex presidente de facto de Guatemala, el General José Efraín Ríos Montt, y la posterior anulación de su condena plantea preguntas sumamente desafiantes e importantes sobre el estado de derecho y la politización del sistema de justicia en Guatemala. Pero, más allá de las implicaciones nacionales, el proceso judicial puede reanudar el agrio debate en curso sobre el más amplio sistema de derechos humanos interamericano, en la reunión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que acertadamente se celebra en La Antigua, Guatemala.
El juicio de Ríos Montt, el presidente de facto de 1982 a 1983, representa la primera ocasión en que una magistratura nacional ha juzgado a un ex jefe de estado por el delito de genocidio en su país de origen. Es el fruto no solo de los valientes testigos Ixil Maya que testificaron, la perseverante y comprometida Fiscal General Claudia Paz y Paz, y la presión nacional e internacional de grupos de derechos humanos en defensa de las víctimas, sino también de la importancia de la complementariedad entre el sistema judicial de Guatemala y los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Que el sistema judicial nacional se ocupase de un caso de semejante dificultad sugiere que la estructura democrática de Guatemala es más sólida de lo que se presuponía. También es un recordatorio de que las normas de justicia internacionales asignan la responsabilidad de enjuiciar delitos como los que se cometieron durante los días más oscuros de Guatemala al nivel más cercano al lugar donde se produjeron los delitos —el nivel nacional— en lugar de desplazar el caso al nivel internacional. Cuando las autoridades nacionales no asumen esa responsabilidad, sin embargo, las partes internacionales pueden intervenir para hacer frente a la injusticia. Por ejemplo, otros casos de atrocidades en masa cometidas durante la guerra civil guatemalteca de 1960 a 1996 se han celebrado con éxito en tribunales extranjeros e internacionales, en ocasiones conocidos como tribunales de último recurso, poniendo de manifiesto una relación compleja pero simbiótica entre los diferentes niveles de fallos judiciales.
Aproximadamente en la misma época en que abogados privados comenzaban a desarrollar el procesamiento nacional contra Ríos Montt a principios de la primera década del siglo XXI, la activista maya Rigoberta Menchú presentaba una demanda contra él y otros siete oficiales guatemaltecos de alto nivel ante la Audiencia Nacional española. Los cargos incluían delitos internacionales de tortura, genocidio, detención ilegal y terrorismo patrocinado por el estado, actos que la ley española considera tan atroces como para reivindicar una jurisdicción universal con independencia del lugar donde se produjese el delito. Los implicados en la obtención de pruebas forenses y documentales, sin embargo, advirtieron una notable falta de intercambio de conocimientos entre las dos vías durante los primeros años, lo que dio lugar a un desacuerdo sobre dónde deberían enjuiciarse estos delitos. Esto con el tiempo cambió a medida que los abogados se daban cuenta de ambos tipos de juicios se complementaban. Esto generó que algunos testigos y expertos que primero comparecieron en el juicio español también testificasen en el juicio guatemalteco, fortaleciendo el caso contra Ríos Montt y su ex director de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez Sánchez.
Este tipo de colaboración “entre bastidores” constituye solo el punto de partida de las posibilidades de cooperación entre tribunales nacionales e internacionales en juicios sobre derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, refuerza a los sistemas de justicias nacionales al identificar y concienciar a la gente sobre las barreras a la justicia, ordenando a estados que lleven a cabo investigaciones y presionando a poderosos participantes nacionales para que exijan una mayor determinación a la hora de resolver casos de injusticia pendientes. Las condenas de la Corte Interamericana en las masacres de Dos Erres, Plan de Sánchez y Río Negro, y los casos del Diario Militar a lo largo de la última década provocaron un cambio en la historia de impunidad asociada con estas atrocidades en masa y allanaron el camino para que los responsables finales de esta violencia fuesen enjuiciados por la magistratura nacional de Guatemala.
Esta influencia supranacional en asuntos domésticos no siempre es apreciada. En diciembre de 2012, el gobierno del Presidente Otto Pérez Molina adoptó una resolución ejecutiva que implicaba restringir la jurisdicción de la Corte Interamericana respecto a los delitos cometidos después de 1987, el año en que Guatemala reconoció por primera vez su jurisdicción. Esto habría impedido que las víctimas de cualquier delito cometido durante los primeros 27 años del conflicto internacional pudiesen obtener justicia a nivel regional, extendiendo por tanto la impunidad y limitando las oportunidades de complementariedad. Afortunadamente, bajo la importante presión de los defensores nacionales e internacionales de los derechos humanos, el Presidente Pérez Molina anunció la derogación de la resolución solo un mes más tarde, reafirmando el reconocimiento de Guatemala de la jurisdicción de la Corte Interamericana.
No obstante, este intento de limitar la jurisdicción de la Corte se hace eco de un movimiento regional liderado por los países ALBA (principalmente Bolivia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua) que busca reducir la independencia del sistema interamericano de derechos humanos. En marzo de este año, una sesión especial de la Asamblea General de la OEA llevó un debate de dos años sobre la reforma de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos a un incómodo final de falta de consenso o resolución verdadera y no pudo fortalecer el sistema. Todavía está por ver si este diálogo se reiniciará en la sesión regular de junio, pero cualquier reactivación de las tácticas dirigidas a debilitar o restringir el sistema interamericano de derechos humanos debe rechazarse de la forma más enérgica.
El futuro del juicio de Ríos Montt se ha visto empañado por la incertidumbre. Lo que está claro es que el estado de derecho todavía es precario en algunos países de América Latina y el sistema interamericano de derechos humanos tiene la capacidad y la responsabilidad de apoyar su profunda consolidación. Juicios como el de Ríos Montt pueden aportar estabilidad y justicia a Guatemala y fortalecer su democracia, invirtiendo la historia de impunidad disfrutada por sus máximos dirigentes. También se han planteado casos similares en tribunales nacionales de Argentina, Perú y Chile, alumbrando una nueva vía hacia el cumplimiento nacional con las normas internacionales sobre derechos humanos. La detención del General Augusto Pinochet en Londres, por ejemplo, alentó el importante esfuerzo de las autoridades nacionales chilenas por detener y procesar al ex dictador en Chile, en lugar de en el extranjero, fortaleciendo por tanto la credibilidad de su propia magistratura.
Como el caso de Ríos Montt y otros casos similares contra soldados y oficiales de alto rango demuestran, los tribunales nacionales, extranjeros e internacionales pueden reforzarse positivamente unos a otros, apoyando de este modo sus objetivos compartidos de fortalecer la justicia, reducir la impunidad y promover y proteger los derechos humanos.